Google se encuentra nuevamente en el centro de atención debido a una demanda presentada en 2020 que cuestiona la privacidad brindada por su función de navegación privada, el modo incógnito. En Estados Unidos, Google está siendo demandado por continuar recolectando datos de usuarios que utilizan esta función. La magnitud de la demanda es considerable: 5,000 millones de dólares.

Lo nuevo en este caso es que Alphabet, la empresa matriz de Google, ha intentado llevar la situación a un juicio sumario, una forma de proceso legal rápida que involucra solo a abogados y acelera el proceso. Sin embargo, la jueza Yvonne Gonzalez (quien también presidió el caso entre Epic y Apple) ha rechazado la solicitud de juicio sumario.

La jueza Gonzalez había previamente expresado su disposición a negar la posibilidad de un juicio sumario, y ahora su decisión se ha formalizado. Ella sostiene que Google es responsable por no dejar en claro que la navegación privada no garantiza la no recolección de datos para beneficio de Alphabet. En palabras de la jueza: «Al navegar de forma privada, se podría decir que los demandantes han afirmado su expectativa de privacidad. Se invita a Google a presentar el contra argumento en el juicio».

Google responde alegando que al inicio de la navegación privada, se muestra un mensaje que indica que los sitios web podrían acceder a información de los usuarios al iniciar la navegación en modo incógnito. La empresa afirma que en esa página se detalla lo que Chrome no almacenará, como historial de navegación, cookies y datos de sitios.

Sin embargo, los demandantes argumentan que la recolección de datos solo es posible a través de los servicios de Google. El conflicto radica en que Google no aclara que es la propia empresa la que recopila datos y utiliza la información de navegación privada para personalizar anuncios.

Los demandantes afirman que la recopilación de información de navegación por parte de Google les causa un daño directo. Aunque Google defiende que, incluso si se considera que los demandantes tienen razón en que no debería recopilar datos, los usuarios no han sufrido un daño concreto. La jueza Gonzalez difiere de esta opinión, argumentando que cualquier violación de derechos, incluso contractuales, resulta en un «perjuicio de hecho». Siguiendo esta lógica, el caso ha avanzado a la instancia definitiva de un juicio.